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Huasteca Global News - 14 de febrero de 2024
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha analizado la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para establecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar, concluyendo que los recursos propuestos serían no recurrentes, lo que dificultaría mantener el ritmo de expansión del gasto en pensiones a largo plazo.
El análisis señala que los ingresos destinados a alimentar este fondo, provenientes de la eliminación de órganos autónomos o la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, serían generados una sola vez por el Estado. Esta limitación podría afectar la capacidad del fondo para cubrir los nuevos compromisos a largo plazo relacionados con las pensiones.
El IMCO resalta que el Ejecutivo federal no ha estimado los costos fiscales asociados con esta iniciativa, ni con la propuesta para reducir la edad para acceder a pensiones no contributivas. Sin embargo, advierte que la aprobación de estas medidas implicaría que el Estado asuma un pasivo contingente que aumentaría con el crecimiento de la población de adultos mayores en el país.
Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que la población de personas mayores de 65 años se duplique en los próximos 26 años, pasando de 11.2 millones en 2024 a 26.8 millones en 2050. Esto generaría un costo para el erario de 2.08 billones de pesos en 2050, un aumento del 138.5% en términos reales con respecto a 2025.
El análisis también resalta la inequidad intergeneracional que podría surgir si el Estado financia un aumento en el gasto en pensiones con los recursos de los contribuyentes. Se proyecta que, en 2050, habrá el doble de personas mayores de 65 años en comparación con la cifra actual, lo que podría desviar recursos de áreas como educación, salud y seguridad.
El IMCO enfatiza la importancia de implementar una estrategia fiscal que genere ingresos regulares para financiar un mayor gasto en pensiones sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo. Esto se vuelve esencial para evitar impactos adversos en la competitividad y el crecimiento económico de México, así como para garantizar el bienestar de diversos sectores de la población.
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