Obstáculos en la Implementación del Voto para Personas en Prisión Preventiva en Veracruz

Huasteca Global News - 10 de febrero de 2024

El gobierno de Veracruz ha decidido no autorizar la realización del voto de personas en prisión preventiva para las próximas elecciones del 2 de junio, según se informó en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta decisión contrasta con los esfuerzos del INE por expandir el ejercicio del derecho al voto a este grupo, en línea con las recientes resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La negativa de Veracruz, sumada a la incapacidad técnica y material alegada por Yucatán, así como la falta de respuesta de Coahuila, Jalisco y Zacatecas sobre el número de personas elegibles para votar en prisión preventiva, plantea serios desafíos para la inclusión electoral en México. A pesar de que el INE planea llevar a cabo la votación anticipada en 218 de los 255 centros penitenciarios del país, la falta de colaboración de ciertos estados podría limitar significativamente este esfuerzo.

Hasta el momento, solo 23 de las 32 entidades federativas han firmado los convenios de colaboración necesarios con el INE para facilitar este proceso. La Secretaría de Seguridad de Veracruz ha calificado como "no viable" la firma de dicho convenio, una postura que ha generado preocupación entre los consejeros electorales, quienes subrayan que el voto es un derecho constitucional de las personas en prisión preventiva.

La consejera Carla Humphrey ha expresado su inquietud ante la negativa sin argumentos de Veracruz, calificándola de muy grave y contraria a los mandatos judiciales superiores. Por otro lado, Dania Ravel, otra consejera del INE, ha destacado los retos inherentes a la votación en prisión, como la alta movilidad de esta población y la dependencia del INE de la cooperación y la información proporcionada por las autoridades penitenciarias.

La resistencia de ciertos estados a facilitar este proceso no solo plantea preocupaciones desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que también genera dudas sobre las condiciones en las que se encuentran las personas en prisión preventiva. La situación en Veracruz y Yucatán pone de relieve la necesidad de abordar las barreras jurídicas y logísticas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de todas las personas, independientemente de su situación legal.