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Huasteca Global News - 17 de febrero de 2024
En una medida que profundiza las tensiones entre Venezuela y la comunidad internacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha decidido suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país. Esta decisión, anunciada por el canciller Yván Gil, exige la salida de los 13 funcionarios de la organización dentro de un plazo de 72 horas, citando una necesidad de revisión de los términos de cooperación técnica establecidos en un acuerdo en 2019.
La medida se toma en un contexto de creciente preocupación internacional por las presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, particularmente tras la detención de la abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel. La activista fue arrestada recientemente bajo acusaciones de estar involucrada en un presunto complot para atentar contra la vida de Maduro, lo que ha generado condenas tanto dentro como fuera de Venezuela.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había expresado su "profunda preocupación" por la detención de San Miguel, cuestionando la legalidad de su arresto y el respeto al debido proceso. Ante estas críticas, el gobierno venezolano acusa a la oficina de la ONU de adoptar una postura "colonialista" y “abusiva".
La situación de San Miguel ha alarmado a organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional, quienes denuncian que desde su detención, la activista ha sido mantenida incomunicada y sin acceso a su defensa legal. A pesar de las afirmaciones del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, negando la desaparición forzada y justificando el arresto por una orden de aprehensión previa, persisten las dudas sobre el trato y las garantías procesales otorgadas a San Miguel.
Este enfrentamiento entre Venezuela y la ONU pone de relieve la creciente fractura entre el gobierno de Maduro y los organismos internacionales, en un momento en que las preocupaciones por el estado de los derechos humanos en el país sudamericano continúan escalando. La comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos en este tenso escenario, esperando una resolución que respete los principios de justicia y derechos humanos.
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